Emplazan al presidente Piñera por el avance del crimen organizado y hechos violentos

• Alcaldesas y alcaldes de la Región Metropolitana exigen al gobierno que actúe de manera urgente frente a la crisis de seguridad que afecta al país.

Esta mañana una decena de autoridades comunales, de Santiago, Irací Hassler; de Lo Espejo, Javiera Reyes; de Peñalolén, Carolina Leitao; de San Miguel, Érika Martínez; de Quilicura, Paulina Bobadilla; de Quinta Normal, Karina Delfino; de Independencia, Gonzalo Durán; de San Joaquín, Cristóbal Labra; de Macul, Gonzalo Montoya; de Pirque, Jaime Escudero, y la alcaldesa (s) de Renca, Romy Álamo  entregaron una carta al gobierno donde manifestaron la preocupación ante el aumento sostenido de delitos violentos y de homicidios que se han suscitado en las últimas semanas, afectando a vecinas y vecinos de cada barrio.

La alcaldesa Erika Martínez, que encabezó este petitorio manifestó que “hoy vemos la necesidad de convocarnos como alcaldesas y alcaldes. Hemos llegado a esta instancia tras varias reuniones sostenidas con las policías, fiscalía, vecinas y vecinos, hemos enviado oficios al delegado presidencial y al presidente Piñera para que, de una vez por todas, este gobierno nos escuche y tome acciones concretas por la seguridad de nuestras vecinas y vecinos”.

Esta tendencia a la inseguridad y violencia se han agravado desde el año 2020 cuando, según datos entregados por la Fiscalía Nacional, se registra un aumento de un 20% en los homicidios. De estos, un 45% se cometió con armas de fuego.  Mientras que los delitos violentos, durante la pandemia,  mantuvieron la misma tendencia que en un contexto de normalidad e incluso, entre el 2020 y el 2021, hubo un alza significativa de estos.

A pesar de que las cifras son concretas y duras la autoridad de este gobierno ha insistido en una política de seguridad fracasada, sin un abordaje eficiente desde el Estado, ni articulación con instituciones para prevenir la situación actual, entre otros puntos,  y nos habla de una supuesta baja de 25.000 casos policiales en la Región Metropolitana, cuestión que a todas luces, no es real.

Frente a esto, se destacan algunos de los puntos que las  alcaldesas y alcaldes denuncian:

• Que no incluyó el conocimiento que manejan los municipios en las estrategias de prevención social, comunitaria y situacional en la búsqueda de soluciones.
• Que no articuló a la Fiscalía Nacional y sus organismos especializados en una estrategia territorial para coordinar acciones ligadas a la investigación de los hechos denunciados en esta carta, aglutinando al menos a los municipios más afectados.
• Que el gobierno no puso a disposición de estos hechos a la inteligencia policial para perseguir el delito, y así desbaratar a las bandas dedicadas a la articulación delitos violentos, drogas y armas.
• Que no avanzó hacia una política efectiva de control de armas, que no reformó la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) para mejorar la fiscalización y el control eficiente de las armas.

Por lo anterior y ante la urgencia las autoridades comunales exigen:

• Conformación de un grupo de acción inmediata en materia de inteligencia policial y persecución penal, cuyo objetivo sea desbaratar a bandas dedicadas a delitos violentos.
• Redistribución inmediata de la presencia policial en los sectores de mayor ocurrencia de delitos con altos niveles de violencia urbana, poniendo fin a la discriminación actual que existe en la destinación de dotación policial entre las comunas.
• Disponer de los medios tecnológicos necesarios para un enfoque territorial en comunas con baja presencia policial y amplio territorio.

Es importante señalar que hoy, a días del  fin de este gobierno, las alcaldesas y alcaldes firmantes en dicha carta  heredan una situación crítica y compleja, sin embargo seguirán trabajando con las comunidades y autoridades con el  anhelo de dar respuestas y soluciones  concretas a las vecinas y vecinos que hoy ven cómo la delincuencia se apodera de su entorno.